Proyecto de ley promoción de compra semillas autógamas fiscalizadas

En las últimas décadas, la ausencia de reglas claras por parte del Estado y la falta de políticas públicas tendientes al desarrollo integral del sector agropecuario, llevó a que en medio de una profunda modernización tecnológica en el sector de las semillas y de un crecimiento sin precedentes de la producción agraria nacional, se produjera la desaparición de una importante cantidad de pequeños y medianos productores, de semilleros multiplicadores, de criaderos nacionales y se concentre la producción.

En ese contexto:

• Sólo el 20% del total de bolsas utilizadas para la siembra contienen semilla autógama fiscalizada. Y únicamente ese porcentaje es el que tributa impuestos nacionales y aranceles al INASE, lo que implica una pérdida importante en la recaudación por la no tributación del 80% de la siembra restante que no utiliza semilla fiscalizada.
• Creció indiscriminadamente y sin control la semilla ilegal (bolsa blanca), afectando la producción y comercio de la semilla fiscalizada, lo que terminó distorsionando el mercado de la semilla legal.

Por todo esto, desde CEDASAC nos interesa profundamente que se considere el proyecto de ley de promoción de compra semillas autógamas fiscalizadas promovido por la Cadena de la Industria de la Semilla.

¿Quiénes conforman la Cadena de la Industria de la Semilla?

Con el objetivo de generar una agenda común y elaborar proyectos que permitan el crecimiento y desarrollo de la agroindustria nacional, entidades como los obtentores de variedades vegetales (ArPOV), empresas desarrolladoras de biotecnología, de germoplasma, de servicio de producción en contraestación y especializadas en tratamientos de semillas (ASA), los semilleros multiplicadores (CASEM) y los distribuidores de insumos agropecuarios y multiplicadores (FeDIA), decidieron unirse.

Las cuatro instituciones reúnen a más de 400 participantes de variado perfil, desde PyMEs familiares hasta grandes empresas nacionales y multinacionales, incluyendo organismos públicos, universidades y cooperativas.

FeDIA, organización que integra CEDASAC, representa a 291 empresas distribuidoras de semillas presente en 275 localidades de la Argentina. Por su parte, CEDASAC, agrupa a 83 empresas siendo un 50% de las mismas multiplicadoras de semillas distribuidas en 94 localidades de la provincia de Córdoba.

El objetivo de la Cadena de la Industria de la Semilla es contribuir a la creación de condiciones propicias para el desarrollo sostenible del sector agroindustrial argentino a través de la innovación y el desarrollo de buenas prácticas amigables con el medioambiente.

Las entidades que la conforman sostienen que: “La demanda mundial de alimentos, fibra y energía le brinda a nuestro país una gran oportunidad que requiere reglas claras y visión de mediano-largo plazo para incentivar las inversiones en investigación y desarrollo. La semilla es el origen de todo el sector. Queremos contribuir entregando un insumo de alto valor agregado en un mercado formal, con impacto en toda la cadena, generando empleo de calidad en el interior del país y reconocimiento en el mundo por las mejoras alcanzadas trabajando como cadena”.

¿En qué consiste el proyecto de ley?

Dicha propuesta propone la deducción especial de la tercera categoría del impuesto a las ganancias a los productores agropecuarios que adquieran semillas autógamas fiscalizadas (devolución en 200% sobre la compra de semilla fiscalizada de especies autógamas). Esto beneficiaria a las economías regionales de nuestro país, dado que, con este incentivo, se incrementaría la adquisición de este tipo de semillas.

¿Cuáles son los beneficios?

• Una mayor venta de bolsas de semilla fiscalizada autógama (podría alcanzar a más de USD 415 millones adicionales a nivel multiplicadores y USD 66 millones a nivel de obtentores).
• El aumento en la venta de granos, dado que el productor no reservaría semilla para uso propio por la conveniencia de sembrar semilla fiscalizada. A partir de esta situación el fisco tendría mayores ingresos en su recaudación por el impuesto al valor agregado IVA y el impuesto a las ganancias (por la mayor cantidad de bolsas que comercializarían las distintas empresas). El impacto a nivel productores ería de USD 226 millones adicionales.
• Incremento en los ingresos por las certificaciones del INASE.
• Incremento de la recaudación a nivel provincial y municipal por ingresos brutos, tasas o derechos municipales.
• Un aumento en la productividad por el uso de semilla fiscalizada, que por su mayor calidad y potencial generaría mayores rindes, que en definitiva se traducirían en un incremento de los ingresos del fisco, por IVA, ganancias, retenciones, IIBB provincial y municipal, etc. El impacto fiscal sería de más de USD 153 millones

También habría otros efectos económicos positivos asociados al incremento de la venta de semilla fiscalizada y a la mayor productividad de semillas. Entre ellos podemos mencionar:

• Aumento del número de semilleros multiplicadores, criaderos nacionales y por ende un incremento de la mano de obra que habitualmente estos utilizan.
• Incremento en la logística y el transporte de la semilla fiscalizada (más de 65.000 fletes adicionales).
• Aumento en la venta de insumos necesarios para la producción y comercialización de semilla fiscalizada (bolsas, etiquetas, rótulos, etc.).
• Aumento de los profesionales abocados a la producción de semillas fiscalizada (directores técnicos, inspectores de cultivos, monitoreadores, etc.) y personal auxiliar y operativo (más de 1.600 empleos adicionales). Fundamentalmente en zonas rurales del interior del país, donde muchas veces este tipo de empresas son la única fuente laboral y de ingresos.